Hace algunos días se produjo el robo de varios contenedores en el puerto de San Antonio, todos ellos provocados por una banda organizada que se focaliza en productos de marca, muy apetecidos por el comercio ilegal y por tanto de fácil reducción.

Es muy probable que esta banda criminal cuente con apoyo tecnológico, pues han intervenido sistemas informáticos y correos electrónicos de terceros, lo que ha afectado a los terminales portuarios, transportistas y agentes de aduana. Lo curioso es la rapidez con que actúan estos delincuentes, ya que los tiempos en que son capaces de modificar instrucciones de carguío de camiones, proceso de carga y la rapidez en el retiro, hacen pensar que podría existir personal al interior del puerto que se encuentre coludido con estos malhechores.

Las medidas de seguridad que existen es una demostración fehaciente –con los últimos eventos ocurridos– de que el sistema no da el ancho para garantizar a los importadores la integridad de la carga que ingresa por los puertos.

Por ahora estos ilícitos se encuentran en etapa de investigación, participando las policías y la Fiscalía; es de esperar que esto llegue a algún lado, ya que en general estos actos delictuales no son investigados con la fuerza y dedicación que se requiere. Muchos casos de este tipo terminan siendo archivados por el Ministerio Público.

Si bien estas cargas robadas cuentan habitualmente con seguros, el daño que genera al manejo de la marca, al ofrecerse a la venta estos productos en mercados informales e incluso en portales conocidos, es un perjuicio no menor. Otro factor que deteriora el comercio exterior es que las primas de seguros, al aumentar los siniestros, también se incrementan y hasta podría darse el caso de que algunos rubros pudieran quedarse sin cobertura de riesgo.

El punto central es que existe consenso respecto de la necesidad de reestudiar los protocolos establecidos para el retiro de carga en los puertos, puesto que la vulnerabilidad demostrada es motivo de preocupación y debería concitar que, en las instancias que corresponda, se haga un estudio y se implementen los cambios que permitan reforzar la protección a los usuarios finales de este flagelo en que potencialmente pueden transformarse estos robos.

TPS en Valparaíso es el único terminal portuario que –a raíz del robo de 3 contenedores con equipos electrónicos hace algunos años– realizó cambios y mejoró los niveles de seguridad en la operativa portuaria de retiro e ingreso de carga desde la zona primaria. Los terminales de San Antonio, en cambio, necesitan hacer mejoras para desincentivar los robos de estas verdaderas mafias que se encuentran operando.

Los terminales portuarios, recintos extraportuarios, agentes de aduana, transportistas y el mismo Servicio de Aduanas, deben en forma urgente formar un grupo de trabajo que mejore las condiciones de seguridad en que hoy se opera.

Ese es el mínimo esperable ante una situación que podría fácilmente escaparse de las manos.