Tras varias semanas de incertidumbre, el sábado 20 de abril pasado fue publicada en el Diario Oficial la resolución de la Comisión Antidistorsiones, que eleva las sobretasas, de forma provisoria, a las importaciones de barras y bolas de acero chino.

El documento sostiene que se establece “derechos antidumping provisionales” de 24,9% para las “barras de acero para la fabricación de bolas convencionales para molienda” y de 33,5% para las importaciones de “bolas de acero para molienda”, medidas que comenzaron a regir ese mismo día.

El dumping es la exportación de productos a un precio inferior a su valor normal, que es aquel al que se venden en el mercado interno o en los de terceros países, o bien por debajo del costo de producción.

Recordemos que esto se originó por denuncias presentadas por la Siderúrgica Huachipato y Molycop. Luego de un proceso de investigación, la Comisión Antidistorsiones había recomendado el pasado 19 de marzo, en el caso de las bolas de acero para molienda, la aplicación de sobretasas arancelarias para tres de las cinco empresas investigadas, dictaminando que los mayores cargos sean de 9,2%, 14,2% y 22,5%, con un promedio de 15,3%. Sin embargo, a las otras dos empresas no se le aplicarían las medidas. En tanto, y respecto a las barras de acero para bolas de molienda, la información señalaba la recomendación de sobretasas de 10,3%, 10,4%, 19,8% y 19,8%, respectivamente, para las cuatro empresas investigadas, las cuales representan el 100% de las importaciones del producto durante el periodo investigado por la comisión.

La investigación en torno a un posible dumping en la importación de los productos provenientes del gigante asiático se inició el 28 de noviembre, luego de las peticiones ingresadas por la siderúrgica filial de CAP, además de la operación local de la firma controlada por el fondo de capital privado estadounidense American Industrial Partners, para adoptar medidas provisionales y derechos antidumping definitivos, en favor de la industria local del acero.

Esta decisión se mantendrá vigente hasta el 9 de septiembre, de ahí la Comisión debe pronunciarse de forma definitiva.