En más de una oportunidad hemos escrito sobre lo ágiles y expeditos que son los procesos aduaneros en nuestro país en comparación con la gran mayoría de los países de la región; sin embargo, lo expedito que hoy en día resulta hacer un Documento Único de Salida (DUS) o el ingreso de una carga a puerto, se contradice con el entorpecedor trámite al que se somete a los certificados de origen, tema que se ha transformado en una pesadilla para buena parte de los exportadores.

El problema tiene varias aristas, fundamentalmente por la exageración en el rol fiscalizador de los entes certificadores y la Direcon, que va desde dudar de la legitimidad de una información de un documento que podría estar poco legible, hasta exigir que las empresas entreguen un inventario de su producción o revisen en el SII si las facturas electrónicas han sido válidamente emitidas y transmitidas al SII.

Mucho de esto no se comenta y los exportadores viven con estos rechazos sin tener un gremio que pudiese tomar estos temas y levantarlos ante las autoridades para tratar de poner un freno a lo que, a juicio de muchos, es un uso arbitrario y excesivo de sus atribuciones que supera por mucho el rol de la autoridad en esta materia, ya que finalmente, la gran mayoría de las veces se trata de problemas de forma que no ponen en duda el carácter de originarias de estas exportaciones, entrando los fiscalizadores en materias que no están contempladas en ningún acuerdo comercial vigente.