Para el jueves 14 y el viernes 15 de septiembre pasado, los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero tenían programado un paro nacional, en protesta por –según señalaron– el incumplimiento del Gobierno a los protocolos firmados. Las razones para llevar adelante esta paralización se originan en la aspiración del gremio para abordar el tema de los encasillamientos, el desarrollo de una Planta que reconozca los grados de uso del SAG, el respeto de la antigüedad de los honorarios como criterio de ingreso y el principio de igual función, igual remuneración.

Finalmente la sangre no llegó al río y el Gobierno y los funcionarios del SAG llegaron a un acuerdo, por lo que se suspendió la paralización; esto trajo la calma a los potenciales sectores afectados, en especial a importadores y exportadores que podrían haber visto perjudicados sus embarques.

Se supone que los organismos públicos no pueden llevar adelante movilizaciones pues son ilegales; sin embargo las paralizaciones suman y siguen y se ha ido instalando un ambiente de incertidumbre respecto de la confiabilidad del país en lo vinculado con las operaciones de comercio exterior. Este clima de inestabilidad ha tenido ya repercusiones en las casas matrices de empresas multinacionales que ven como preocupantes estos cambios en la realidad chilena y anticipan un futuro más incierto. En los conflictos entre los servicios públicos y el gobierno, los privados son los más afectados y quedan en total indefensión, debiendo afrontar cuantiosos costos extra y grandes demoras.