A fines de noviembre pasado, la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) presentó una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que está dirigida al concesionario Terminal Pacífico Sur (TPS). La demanda, que fue acogida a tramitación el pasado 27 de noviembre, argumenta que TPS efectuó de forma sistemática y premeditada un conjunto de prácticas anticompetitivas en el mercado de cruceros, especificándose que estas conductas tienen como finalidad impedir, restringir y entorpecer dicho mercado, sobre todo cuando se trata de naves de gran envergadura, disminuyendo en forma artificial la competencia, ya que los barcos con eslora superior a 235 metros solo están condiciones de atracar en el Frente de Atraque N° 1 operado por TPS.

En el escrito formalizado ante el TDLC, EPV también reprocha el actuar de TPS en lo que considera que se han cometido conductas ilegales, discriminatorias o abusivas, lo que se ha visto reflejado en la solicitud de registro de nuevas tarifas para el embarque, desembarque y tránsito de pasajeros. Señala el libelo acusatorio que TPS habría actuado sin atender a una eficiente estructura de costos, sin justificación de los mismos, ni a condiciones que se encuentren alineadas con la protección de la libre competencia, pretendiendo un incremento del 100%, esto es de US$ 30 a US$ 60 por pasajero. Acerca del cambio de prioridades en el uso de los sitios de atraque, EPV señala al TDLC, que TPS actuó de manera intencional al solicitar aprobar la modificación del sistema de prioridades de uso de sitio, lo que a juicio de Puerto Valparaíso constituye una flagrante discriminación en perjuicio de los cruceros, al impedirles concretar y dejar a firme una reserva de sitios con una anticipación compatible con la práctica comercial.

La arremetida judicial de EPV se produce luego de que la mayoría de las naves que recalaban en Valparaíso decidieran emigrar a San Antonio por la incertidumbre que se generó debido a los bloqueos y amenazas efectuadas por los trabajadores portuarios en el contexto del antiguo conflicto de las “cargas limpias”. En paralelo, el concesionario no dio prioridad de sitio al Norwegian Sun que debió desembarcar a 1.700 pasajeros –en su mayoría de la tercera edad– en lanchas.

Por último, TPS decidió aumentar sus tarifas al máximo permitido y decidió no garantizar sitio de atraque con dos años de anticipación a los cruceros, situación que fue advertida por la Florida-Caribbean Cruise Association que hizo notar que Valparaíso podría perder recaladas, lo que finalmente aconteció. La “fuga”, de esta manera, la inició el Norwegian Sun, que el 25 de abril del año pasado fue primera nave de pasajeros internacional en recalar en San Antonio debido a la incertidumbre que el conflicto generó. El arribo fue el precursor de un inédito ciclo de cruceros que transformó a Puerto Central de San Antonio en el nuevo y principal homeport de Chile en detrimento de Valparaíso, que perdió –debido al conflicto– 27 de sus 39 recaladas programadas, siendo las últimas las de Royal Caribbean.

Respecto de este nuevo incordio, uno de los grandes afectados ha sido el Grupo Urenda, quien a través de su empresa AGUNSA ha realizado fuertes inversiones para dotar al terminal de pasajeros de la infraestructura necesaria para atender a los cruceros en Valparaíso. A este respecto, el presidente de AGUNSA indicó que no descarta sumarse a la demanda ante el TDLC.

Por último, TPS a su vez presentó también una demanda al TDLC en contra de EPV el pasado 1 de diciembre, acusando prácticas anticompetitivas que se configuraría en tres situaciones distintas. La primera, la negativa de EPV para autorizar las inspecciones físicas a la carga al interior del Puerto. Las otras dos acciones se relacionan con haber impuesto en febrero de este año un nuevo procedimiento en la atención de pasajeros, privilegiando a los cruceros en desmedro de los barcos de carga.

El último ilícito que denuncia TPS se refiere a la negación de EPV de registro de un nuevo importe máximo de una de las tarifas por cada pasajero atendido.