En la actualidad se encuentra en proceso de consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), las condiciones para efectuar la licitación pública del Terminal Mar del PGE o Puerto Exterior de San Antonio, según una presentación efectuada por la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA) en febrero pasado.

Es relevante destacar que el sistema portuario chileno se basa en un esquema de autoridades o administraciones locales autónomas para cada uno de sus puertos, donde se asigna a diversas secretarias de estado algunas funciones de autoridad portuaria nacional (Ministerio de Transporte, Comisión Borde Costero), unido al rol que ejerce la Autoridad Marítima (Dirección General del Territorio Marítimo y Mercante, DGTM, etc.), similar a lo que sucede en México, Argentina y Ecuador, entre otros. En este contexto, EPSA formuló una solicitud ante el TDLC para que el organismo inicie un procedimiento no contencioso que debe culminar con un informe del Tribunal referido a las condiciones de competencia que deben observarse para efectuar la licitación pública del Terminal Mar del PGE.

La intervención del TDLC es obligatoria, ya que la ley Nº 19.542 sobre Modernización del Sector Portuario Estatal indica que esta consulta procede frente a licitaciones en que:

1. No existe en los puertos o terminales estatales de la Región otro frente de atraque capaz de atender a la nave de diseño.

2. Se propone la concesión bajo un sistema cooperador sin que exista en la Región otro frente capaz de atender a la nave de diseño bajo un esquema multioperador.

A raíz del proceso de consulta señalado, la Fiscalía Nacional Económica ha iniciado una investigación “al constatar que, la licitación propuesta conlleva un cambio sustantivo en la estructura del mercado portuario de la región de Valparaíso y los mercados asociados de servicios de transporte terrestre y marítimo por lo que, en el marco de dicha investigación, la FNE ha solicitado información detallada a servicios públicos y a los agentes económicos que operan en estos mercados”.

En opinión de expertos, el escenario actual, donde la industria naviera que opera en el mercado nacional se ha concentrado en los últimos años, debido a las fusiones de diversas empresas navieras, “se hace muy necesario que el TDLC vele efectivamente por mantener las reglas de competencia en el mercado portuario”.

Sobre el proceso, se detalla que el TDLC deberá establecer, entre otros, los parámetros de Integración Vertical e Integración Horizontal para el PGE, “lo que la antigua Comisión Preventiva Central, predecesora del TDLC, estableció en el Dictamen 1045, pero bajo una realidad muy diversa”.

EPSA, por su parte solicitó decretar la restricción horizontal absoluta y elevar al 80% el umbral de la actual restricción a la integridad vertical de los privados del rubro que participen de la licitación. En tanto, la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex), pidió que tal umbral de integración vertical se mantenga en un 40%, restricción absoluta a la integración horizontal y se garantice la continuidad del servicio.

Finalmente, es de esperar que el informe que el TDLC considere todos los intereses involucrados, tomando en cuenta la realidad nacional e internacional, con una visión de largo plazo, a fin de asegurar la competencia en el sector portuario.