Uno de los aspectos que no ha pasado desapercibido en esta crisis sanitaria ha sido la actuación de los servicios públicos que intervienen en la cadena logística de comercio exterior. Como actor principal, Aduanas tomó rápidamente la iniciativa e implementó una serie de medidas que hicieron posible operar en una serie de etapas en forma virtual, disminuyéndose en forma sustantiva los trámites presenciales.

A esta actitud proactiva también se incorporaron el SAG, SEREMI, ISP, SERNAPESCA y otros, todas entidades públicas que han dado facilidades para afectar lo menos posible el flujo operativo de las importaciones y exportaciones. En este momento es justo destacar la actitud facilitadora de los servicios públicos que han apoyado en forma decisiva las normas para flexibilizar algunos procesos, lo que se valora y agradece.

El punto menos positivo le ha correspondido el sector privado, al que le ha costado bastante más adaptarse a la tramitación virtual; incluso algunas navieras y embarcadores han exigido documentos adicionales que exceden los requerimientos de Aduanas. Al mismo tiempo, los recursos humanos que estas empresas han posicionado en forma remota para ejecutar los canjes de B/L virtuales se han visto sobrepasados, y los tiempos para gestionar en forma anticipada la importación se han visto muy reducidos. Ello ha significado en algunos casos que no se alcance a tramitar en forma anticipada, situación que ha sido muy perjudicial para el importador.

Otro elemento que ha sido negativo es la rigidez con que han actuado algunas navieras en los cobros de demurrage o sobre arriendo por el uso de los contenedores. La inflexibilidad para negociar y rebajar estos cobros cuando existen atrasos en la devolución –siempre por razones de fuerza mayor– ha sido una característica que ha llamado la atención en estos tiempos complejos.

Por último, en lo que se refiere a la certificación de origen para las exportaciones, todavía es necesario que una parte de la gestión se efectúe en forma manual, lo que ha expuesto a personas a riesgos poco prudentes. El sistema se sostiene en forma bastante precaria, ya que no se conoce un plan B en caso que aparezca algún contagiado, ya sea en los usuarios o en las entidades certificadoras.