En un mail enviado el 26 de agosto recién pasado, STI, el terminal portuario de carga general más importante de San Antonio, ha impuesto un nuevo cobro que obedece a, citamos textual: “mantener y mejorar nuestros altos estándares destinados a la seguridad y protección de la carga durante su estadía en nuestro terminal”.

El cobro ascenderá a US$ 15 por contenedor y US$ 0,80 por tonelada para carga no movilizada en contenedores, el que será de cargo del importador, exportador o dueño de la carga. El inicio de la facturación  comenzará a regir desde el miércoles 06 de septiembre y el comunicado de STI indica que este cobro, “está debidamente registrado con la Empresa Portuaria y se ha implementado en consideración a las crecientes inversiones y asignación de recursos destinados a proteger la carga”.

Este nuevo cobro es calcado al aplicado por el terminal TPS de Valparaíso el 2019 y resulta curioso que los montos son exactamente los mismos, situación que ciertamente no es una buena señal respecto al funcionamiento de la libre competencia; y de acuerdo a la experiencia anterior, los usuarios no tienen donde reclamar para intentar revertirlo.

El año pasado, cuando TPS impuso en forma unilateral este mismo cobro, se hicieron diversas gestiones para dejarlo sin efecto, en las que participó incluso la Cámara de Comercio de Santiago, gestiones todas que resultaron infructuosas y se consolidó como un nuevo gasto que debieron asumir importadores y exportadores.

La reacción de la Empresa Portuaria, como dueña y contraparte de los terminales portuarios, fue de total indiferencia e hizo caso omiso de los numerosos reclamos formulados por distintos gremios. Con ese precedente, es probable que esta vez ocurra lo mismo y los usuarios deberán asumir este nuevo gasto en sus operaciones de importación y exportación.