Como consecuencia de las marejadas de las últimas semanas, varios barcos que estaban destinados a San Antonio debieron ser desviados a los puertos de San Vicente y Lirquén en la VIII Región, lo que produjo un desaguisado de proporciones, ya que los puertos penquistas no estaban preparados para asumir un movimiento de carga general de gran magnitud.

Independientemente de las dificultades operativas, que implicó reforzar las instalaciones en Talcahuano, los importadores y exportadores debieron asumir costos extra por concepto de fletes terrestres. En efecto, y para que se hagan una idea, el transporte terrestre desde los puertos de Talcahuano hacia la zona central es hasta cinco veces superior respecto del de la zona central, lo que ha tenido que ser soportado por los usuarios. A ello hay que agregar que los tiempos de gestión en el proceso de descarga y entrega de las cargas se triplicó, lo que trajo perjuicios en cuanto a gastos de almacenaje y sobre arriendo de contenedores (demurrage).

Los montos que se manejan y al que debieron hacer frente los usuarios, se estiman en alrededor de US$ 30 millones, a lo que hay que agregar unos US$ 12 millones por conceptos de demurrage y almacenaje.

Lo que cuesta entender es por qué no se utilizó el puerto de Valparaíso en lugar de los puertos de Talcahuano, sobre todo considerando que este puerto está muy sub utilizado. Según la información que disponemos, solamente un par de naves fueron redestinadas a Valparaíso, en cambio a la VIII Región recalaron casi 10 barcos.