Finalmente, la Comisión Marítima Federal (FMC) iniciará una investigación sobre los recargos de detención (demurrage) cobrados por Hapag-Lloyd entre marzo y septiembre de este año, lo que corresponde a la primera acción específica contra una línea durante los actuales problemas que vive la cadena de suministro con relación al Covid-19.

La FMC investigará si los cobros aplicados por Hapag-Lloyd violaron la Ley de Embarque de 1984 en dos situaciones: cuando la naviera no proporcionó un lugar para la devolución de contenedores, o cuando proporcionó un lugar, pero la programación de devolución de contenedores no se pudo cumplir durante el tiempo asignado.

Hapag-Lloyd podría enfrentarse a sanciones civiles o a una orden de cese y desistimiento si se descubre que ha cometido una infracción.

La FMC dijo que Hapag-Lloyd se había involucrado en la conducta por lo menos 11 veces en el período en las terminales de Los Ángeles-Long Beach, con cargos que van de US$160 a USD $1,845 por contenedor. En muchas ocasiones, según la FMC, Hapag no ofrecía lugares de devolución, o las devoluciones no se podían concretar para los contenedores en cuestión.

A pesar de las pruebas aportadas por los afectados en su momento, según la FMC la línea naviera denegó la solicitud de exención de los cargos alegando que no controlaba la programación de devoluciones. La Comisión argumenta que las prácticas de las navieras no cumplían el objetivo, que es incentivar el rápido retorno de los contenedores a la terminal.