El Senado de la República, hace unos pocos meses y luego de varios años a la espera de tiempos más amigables, aprobó con una mayoría considerable la incorporación de Chile al Acuerdo Transpacífico, comúnmente conocido como TPP-11, quedando pendiente su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, y debido que al interior de la Administración que asumió en marzo pasado existen frontales detractores de los acuerdos comerciales, la reacción del Presidente fue postergar la oficialización del TPP-11 argumentando la necesidad de solicitar las denominadas Side Letters, ello para resguardar a Chile del sistema de solución de controversias que podría enfrentar el Estado ante algún tribunal internacional.

Si bien México y Nueva Zelandia ya habían manifestado su disposición para apoyar estas cláusulas, hace un par de días se conoció la noticia de que Canadá no las firmará, quedando en punto muerto la gestión que había iniciado el Gobierno.

Ya agotada esta iniciativa dilatoria, el Presidente deberá tomar una decisión –se supone que antes de fin de año– acerca de ratificar o no el TPP-11; en caso negativo podría tener problemas con otro poder del Estado, ya que el Senado podría verse afectado en sus atribuciones y entrar en conflicto con el Gobierno.