Gran desazón ha causado en el medio aduanero y portuario lo sucedido hace un par de semanas en un recinto extraportuario en San Antonio al comprobarse el robo de 3 contenedores que, mediante el hackeo de los sistemas de la agencia de aduana interviniente, lograron materializar el retiro fraudulento de 2 contenedores con insumos médicos y 1 contenedor con televisores.

Lo distinto en este caso fue que el terminal extraportuario, previo a la consumación del ilícito, detectó que se trataba de una operación anómala y dio cuenta a la PDI para que la acción criminal siguiera su curso y de esta manera se constituyera un delito en condición de “flagrancia”. Una vez retirados los contenedores desde el Extraportuario, los funcionarios de la PDI lograron capturar en Viña del Mar a 7 involucrados, los que fueron detenidos y denunciados a la Fiscalía. 

Cabe hacer presente que en este acto criminal se comprobó que los camiones utilizados habían sido denunciados como robados el año 2021 y que, además, contaban con patentes adulteradas. Es decir, todos estos pormenores señalaban a las claras que se trataba de una organización delictual de gran preparación y sofisticación, ya que además del hackeo del software efectuado a la agencia aduanera, dispusieron de camiones robados y patentes falsas o adulteradas.

Sin embargo, a pesar de todos estos antecedentes, la Fiscalía formalizó a todos los delincuentes por “hurto simple y receptación de vehículos motorizados”, lo que implica una pena muy baja; en consecuencia, los implicados quedaron afectos a mínimas medidas cautelares, con arresto domiciliario nocturno, quedando por tanto prácticamente en libertad.

Esta liviandad demostrada por la Fiscalía y los jueces y las pésimas leyes que se aplican para estos ilícitos hace que el ciudadano de a pie vea a todas estas instituciones casi como verdaderos cómplices de los malhechores y la señal que están enviando para la continuación impune de estas acciones criminales es muy preocupante.

Así por lo menos fue la reacción de todos los actores que participan en la cadena logística y han manifestado su molestia e indignación por lo acontecido, que deja en un muy mal pie la persecución de los robos que a diario ocurren en los puertos de la zona central. 

Con casos como estos, definitivamente pareciera que el sistema de persecución penal en Chile para perseguir las acciones criminales está en una severa crisis, ya que en la práctica promueven la impunidad, por tanto, los delincuentes encuentran tierra fértil para seguir cometiendo sus fechorías.