A mediados de noviembre pasado, se promulgó la ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de incluir en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero en el territorio chileno, otorgando además al Servicio Nacional de Aduanas nuevas herramientas y facultades fiscalizadoras.

Entre los cambios se destaca la creación del delito de contrabando de dinero, sancionando el ingreso o salida de dinero sobre USD 10.000 por lugar no habilitado o sin declararlo a Aduana. Así, lo anterior deja de ser solo una infracción y se establece cono delito, aumentando las penas.

En la misma línea, se realizó la modificación de la Ley 19.913 y agrega el delito de declaración maliciosamente falsa en la exportación, como delito base de lavado de activos. La nueva ley también aumenta el plazo de prescripción de la acción penal para la persecución de los delitos aduaneros de 3 a 5 años.

Además, se entregan herramientas de fortalecimiento de las capacidades del Servicio Nacional de Aduanas, que está incluido tanto en el Proyecto de Ley de Presupuesto que se discute actualmente, como en el de Inteligencia Económica contra el Crimen Organizado.

En el primero se consideran recursos para que Aduanas agregue nuevos escáneres para mejorar su capacidad de control en frontera. Sin embargo, el de Inteligencia Económica contra el Crimen Organizado va más allá, ya que se consideran más recursos para implementación informática o de dotación, pero particularmente permite la creación de una Unidad de Inteligencia, tanto en el Servicio Nacional de Aduanas como en el Servicio de Impuestos Internos, dotados de mayores capacidades investigativas, de facultades para intercambiar información con la Unidad de Análisis Financiero y entre sí, y facultades de acceso a la información bancaria.