Edmundo Browne V.
Estamos terminando un año complejo en el rubro que nos ocupa. Las holguras de los primeros meses en la balanza comercial se fueron revirtiendo en el segundo semestre y los últimos meses las importaciones superaron a las exportaciones. Es indesmentible que el precio del cobre tiene la mayor incidencia en la baja en los embarques; sin embargo hay otros sectores que también contrajeron sus volúmenes de exportaciones. Con estos datos se van a pique los pronósticos de comienzos de año en que se hablaba de excedentes de dos dígitos; con suerte se estima que la balanza comercial alcanzará a los US$ 5 mil millones, todo ello en un entorno donde –al igual que en el 2014– el comercio exterior decreció prácticamente en todos los rubros.
En lo cotidiano, las operaciones aduaneras continúan funcionando con normalidad; sin embargo, los paros que afectaron la actividad durante el año generaron graves problemas y encarecieron los costos asociados y nadie se hizo responsable por los perjuicios. Está claro que si uno hace un diagnóstico del rubro aduanero, los tiempos que corren son más ásperos y las confianzas no abundan. La aspiración de los funcionarios aduaneros de aumentar en varias veces las revisiones físicas, en caso de prosperar, sería un riesgo inminente para el flujo de las operaciones –hoy se revisa un 5% aproximadamente–, ya que este aumento de labores estresaría el sistema con riesgo evidente de colapso y se incurriría en demoras que recordarían tiempos muy pasados.
Otro motivo de preocupación es que se han ido consolidando cuellos de botella que afectan tanto a Aduanas como al sector privado. En lo público, el tema más candente es la aplicación de los tratados y lo tortuoso que significa el proceso de devolución de derechos cuando no se cuenta con la prueba de origen en original al momento de tramitar la declaración. Este asunto clama por ser abordado, ya que afecta tanto a Aduanas pues incumple los plazos comprometidos –así lo constató un informe de la Contraloría– y por otra parte conlleva un trabajo muy árido para las agencias.
Asímismo, el mayor celo fiscalizador de los últimos años ha traído consigo contratiempos y molestias para importadores tradicionales y reconocidamente serios y confiables, los que –ante errores de sus proveedores– han debido soportar denuncias de contrabando y forzados a acogerse a la Renuncia a la Acción Penal, en casos que hasta hace algunos años eran sancionados como infracciones reglamentarias. Se han visto situaciones que rayan en el absurdo con denuncias de contrabando por montos de US$ 50 y US$ 100 en diferencias de mercaderías cuyas operaciones suman decenas de miles de dólares. El problema es que para el importador no hay salidas alternativas, pues se da el caso que el fiscalizador puede disponer la retención de todo el embarque. Con esta medida de presión al interesado no le queda otra que asumir la Renuncia a la Acción Penal, de lo contrario podría perder todo el embarque.
En lo que respecta al sector privado, el entuerto que significa el fatídico canje del B/L en las importaciones marítimas sigue siendo otro de los factores que entraban las operaciones. Si bien esta modalidad fue instaurada por Aduanas el 2005, los embarcadores y navieras se han encargado de que este trámite presencial y de doble instancia sea cada día más odioso y burocrático.
¿Qué se puede esperar para el 2016? En lo económico un año igual que este en el mejor de los casos, y vamos a depender de cómo se comporte el precio del cobre. También es lógico pensar que avanzará el proyecto de ley que moderniza al Servicio de Aduanas que se discute ahora en el Congreso. Este proyecto contiene algunas novedades interesantes que son dignas de destacar y otras que el sector privado espera se modifiquen, o simplemente no prosperen en el Parlamento, pues potencian aún más las ya abultadas atribuciones de que dispone Aduanas.