Edmundo Browne V.
Desde el punto de vista de la simplificación de las operaciones de comercio exterior, la decisión del Instituto de Salud Pública de incorporar a los dispositivos médicos dentro de los obligados a tramitar un CDA previo a la gestión aduanera, es una noticia que no ha sido recibida en forma positiva por los importadores. Esta nueva imposición del ISP, con costo adicional asociado, es otra muestra más del rezago que presenta nuestro país respecto de la gestión operacional asociada al comercio transfronterizo.
Hoy, si bien Chile sigue declarando a los cuatro vientos que mantiene sus postulados como país abierto al comercio exterior y siempre proclive a firmar más y más acuerdos comerciales, la verdad es que ello no se condice con el frente interno, en donde predominan actitudes obstructivas y poco sintonizadas con criterios facilitadores.
En todo caso, siempre hay espacio para estar optimistas y pensar que en algún momento pueda producirse un punto de inflexión. El gobierno recién asumido ha incluido dentro de su programa la modernización del Estado como una de sus prioridades. Por tanto, es esperable que dentro de los próximos meses se pueda observar alguna instancia en que se pueda generar ideas y estudiar cambios para lograr dar un salto cualitativo dándole un nuevo aire al comercio exterior. Es necesario que se debatan y confronten posturas, se recurra a las buenas prácticas de países más desarrollados y se revise a fondo los cimientos mismos de la orgánica actual de la cadena logística y de comex.
Nótese que esta necesidad de modernización no se reduce solamente a los servicios públicos, pues el sector privado ha colaborado en su buena medida para desmejorar y complicar algunas etapas de la cadena logística, donde abundan los trámites manuales, las esperas inútiles y ni hablar de los costos. Estos se han triplicado en la última década y vemos a diario que, importadores sobre todo, se quejan amargamente porque sus operaciones deben pagar tarifas tan altas por almacenajes, desconsolidación, manipuleo, inspecciones, aforos, gestión documental y otros cobros que han proliferado en forma desmesurada. Todo ello, en un marco donde se percibe poca competencia, con tarifas y servicios muy similares entre uno y otro prestador.
Con estos antecedentes le llora al país una alianza público-privada para analizar en profundidad que está pasando con la mecánica interna de su comercio exterior y cómo –al menos– detener la caída en la competitividad que viene afectando a todo el país.
En este orden de ideas, el único ente que puede liderar la transformación que se requiere para una tarea de gran envergadura, no es otro que el mismo Ministerio de Hacienda, entidad que lleva años batallando para salir adelante con la ventanilla única de comercio exterior. Este ministerio ha acumulado un conocimiento valioso en los casi 8 años que lleva desarrollando el SICEX, de manera que esta experiencia, sumados al indiscutible poder e influencia que tiene esta repartición, deberían posibilitar que liderara un proyecto para racionalizar y mejorar la gestión de las operaciones de comercio exterior.