Edmundo Browne V.
Termina un año marcado por el conflicto de los trabajadores eventuales en Valparaíso que se prolongó por 35 días y que generó una alta conflictividad. Al final –y como suele suceder– el gobierno se metió la mano al bolsillo y puso los recursos para destrabar un impasse que tuvo momentos de alta beligerancia con graves destrozos en la magullada ciudad puerto, que sigue su curso de deterioro constante que viene de años. La negociación que permitió desmovilizar y llegar a un acuerdo fue dirigida por el mismo ministro del trabajo, quedando al margen en esta instancia la contraparte privada TPS.
Quedan, por supuesto, muchas dudas acerca de cómo estos precedentes marcarán la eventual recurrencia de los movimientos que dejó este conflicto, en donde se cumplió la constante de que al final la autoridad cedió y entregó beneficios con cargo al erario fiscal sin que medie ninguna contraprestación tangible. Simplemente la misión ministerial fue a cualquier precio desactivar esta movilización por el riesgo de que pudiera escalar a nivel nacional. Atrás quedaron los actos violentistas de bloqueo y destrucción –que para variar quedaron impunes– y el saldo es preocupante; los causantes de los hechos violentistas se empoderaron y el Estado de Derecho quedó debilitado.
En todo caso recuperar los barcos que fueron desviados a San Antonio para que retornen a Valparaíso no será una tarea fácil, pues la navieras privilegian de sobremanera la estabilidad y la continuidad operativa, situación que Valparaíso por ahora no está en condiciones de garantizar.
Es sencillamente paradójico que por una parte una de las causas de este conflicto ha sido la falta de continuidad de los trabajadores eventuales, sin embargo estos mismos trabajadores, al iniciar la movilización y bloqueo, solo han empeorado las condiciones para que el puerto reciba más barcos cargueros. Todo al final se resume en un perjuicio mayúsculo en donde todos pierden.
Aunque siempre se ha dicho que legislar “en caliente” es de todo punto de vista inconveniente, en algún momento hay que revisar el marco legal de los trabajadores portuarios y proponer nuevas reglas, modernizando las actuales condiciones contractuales. Como mínima medida de prevención, los concesionarios de los puertos deberían seguir incrementando la contratación de trabajadores permanentes y disminuir sustancialmente los eventuales, histórico origen de conflictos en los puertos chilenos.