Edmundo Browne V.
Es normal que con la designación de un nuevo Director de Aduanas se generen expectativas respecto de las principales directrices que puedan marcar el futuro rumbo del Servicio; la duda que surge es si efectivamente se van a producir cambios en las orientaciones que en el pasado reciente modificaron reglas del juego vigentes por muchos años. Los ajustes efectuados por el nuevo timonel en algunas jefaturas podrían ser una señal de que corren nuevos vientos, y es posible que se estén iniciando los primeros pasos para reducir la distancia con un Servicio de Aduanas disociado de la política económica que ha regido por largo tiempo, donde Chile sigue adhiriendo a los principios del libre comercio y los acuerdos comerciales. Hay que decirlo claramente, no cuaja por ninguna parte tener una conducción macroeconómica en un sentido y servicios públicos que actúan en contradicción con estos postulados.
Más allá de que, con motivo de la Reforma Tributaria y luego con la Ley 20.997, se hayan creado nuevas figuras sancionables, ya sea en el ámbito infraccional así como también en el penal, en los últimos años las denuncias por contrabando se multiplicaron, llegando al extremo de calificar con intención dolosa casos asociados a importación de muestras, errores en la tramitación de despachos e incluso a autodenuncios, cuyo sentido es correctivo respecto de un error detectado por quien no tiene intención dolosa alguna.
El celo fiscalizador en los últimos años se impuso con largueza al espíritu facilitador, y la Aduana chilena perdió varios escalones en los rankings regionales, poniendo en jaque el principio de la buena fe en el sistema aduanero, que en su tiempo fue la inspiración clave en la modernización que nuestro país llevó adelante hace décadas y que fue ejemplo de cómo se debía enfocar el necesario equilibrio entre la facilitación y la fiscalización.
Esto produjo un remezón en el ambiente aduanero, no acostumbrado a un rigor tan desprovisto de la necesaria experiencia y el buen juicio, haciendo recordar tiempos muy antiguos más acordes con una economía cerrada, en donde el entorno carecía de la fluidez y transparencia de un país abierto al comercio internacional como el Chile de hoy. Es curiosa la paradoja que se produce: mientras más bajos son los aranceles aduaneros (actualmente un 0,8% real), más riguroso ha sido el accionar de Aduanas en estos años.
Por otra parte, lamentablemente los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) no han estado a la altura a la hora de equilibrar la balanza de la justicia, lo que desalienta a los usuarios a recurrir a esta instancia. Los fallos de estos tribunales favorecen normalmente al Fisco, con dictámenes que llaman a pensar que falta mucho por lograr la tan anhelada especialización que esperaba el sector privado. Recordemos que, tanto Impuestos Internos como Aduanas –previo a los TTA– actuaban como juez y parte.
En todo caso, el tema abordado en esta columna de opinión, que parecería ser de escaso interés para el ciudadano común no vinculado con el rubro de COMEX, tiene un efecto negativo que afecta finalmente a todos. El aumento en las infracciones y denuncias trae como consecuencia que, al final de la suma, hoy es más oneroso desarrollar operaciones de importación y exportación, y ello tiene como consecuencia que el país en su conjunto pierde competitividad, no solo por las multas a que están obligados a pagar los afectados, sino que por la gran burocracia que genera y los costos laterales que deben asumir tanto el Fisco como los particulares.
Es de esperar que pueda comenzar una nueva etapa y se mejoren las confianzas; todos debemos estar disponibles para ello. Existen muchos desafíos por delante en que la colaboración público privada es extremadamente necesaria. Más que apuntar al bulto en materia de fiscalización, materias relacionadas con narcotráfico, propiedad intelectual, competencia desleal, temas medioambientales y prevención del terrorismo son temas de los que debemos ocuparnos con atención en el presente y el futuro.