Edmundo Browne
Ha sido muy fuerte y hasta devastador el impacto producido por las noticias acerca de la red de corrupción que existiría, originada en una empresa de factoring e involucrando a un connotado abogado, a un empresario y que se extendería incluso a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y al Servicio de Impuestos Internos (SII). La grabación que fue publicada por CIPER es gravísima y de confirmarse estas denuncias, socavaría y desprestigiaría a instituciones que forman parte de la columna vertebral del sistema financiero y económico chileno, entidades que tienen la responsabilidad de fiscalizar a importantes agentes económicos del país.
Hasta ahora solo hay investigaciones, pesquisas e indagaciones y en lo que respecta al CMF y el SII no hay nada confirmado aún. Lo que sí, el tenor de las grabaciones y contenido del diálogo es muy repudiable y deja en una posición muy desmedrada a los involucrados. Incluso cualquiera podría pensar que estamos en una selva donde no hay Dios ni ley, y se puede hacer cualquier ilícito en total impunidad.
Mi vinculación con el rubro aduanero data desde hace más de 48 años y si bien los primeros años el sistema podía prestarse para algunas cosas poco claras, el año 1979 –específicamente el 15 de marzo de ese año– se produjo una revolución en los procesos aduaneros y se implementó la Declaración de Importación y Exportación. Este medida fundamental cambió absolutamente la dinámica de la gestión aduanera y se entregó a los agentes de aduanas la responsabilidad de operar basado en el principio de buena fe y con ello se le dio transparencia a un rubro que arrastraba abundante mitología desde hacía siglos.
Lo más importante de este trascendental cambio fue que se delimitaron los plazos y tiempos de tramitación en forma pareja para todos, nivelando la cancha, y de esta manera todos los agentes quedaron en igualdad de condiciones para competir.
De acuerdo con mi experiencia personal y en mis 33 años de ejercicio profesional, jamás tuve, ni he tenido al día de hoy, que enfrentar algún impedimento o dificultad que mediara alguna presión o situación poco clara que pudiera derivar en algún intento de corrupción, esto ya sea con Aduanas o con algún otro organismo público relacionado con el mundo del comercio exterior. En nuestra relación con el sector privado, es decir, con nuestros clientes o potenciales clientes, siempre privilegiamos la transparencia y el proceder de conformidad a las reglas éticas y más de alguna vez en estos años tomamos la decisión de no entregar nuestros servicios cuando algunas situaciones nos generaron dudas de ciertas prácticas que, según nuestro criterio, podrían comprometer el interés fiscal.
Es de esperar y muy deseable que se pueda llegar al fondo de estas investigaciones y se aplique el máximo rigor de la ley a los responsables de estos ilícitos. Es de una necesidad imperiosa que esto se resuelva, pues está en juego la credibilidad y confianza que debe existir en el funcionamiento de nuestras instituciones.